A un año de que la Corte Suprema confirmara la condena contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, el juez del máximo tribunal Ricardo Lorenzetti afirmó que el expediente se encuentra definitivamente cerrado desde el punto de vista jurídico y sostuvo que ya no existen instancias para revisar la decisión adoptada por la Justicia.
Durante una entrevista televisiva, el magistrado señaló que la Corte ya emitió su última opinión sobre el caso y que el proceso se encuentra concluido. Si bien reconoció el derecho de quienes cuestionan el fallo a expresar su disconformidad y formular críticas, insistió en que la causa quedó resuelta judicialmente y que no existen nuevas vías de apelación.
Lorenzetti evitó realizar valoraciones sobre el contenido de la sentencia, aunque remarcó la importancia de preservar el funcionamiento institucional. En ese sentido, advirtió sobre los riesgos de desacreditar permanentemente a las instituciones democráticas y judiciales, al considerar que estas cumplen un papel fundamental en la protección de los ciudadanos frente a los abusos de poder. Según explicó, debilitar la confianza en las instituciones termina afectando especialmente a quienes más necesitan de ellas.
Al referirse específicamente al expediente de Vialidad, sostuvo que la Corte actuó siguiendo los mismos criterios aplicados en otros casos similares. Explicó que la causa llegó al máximo tribunal mediante un recurso de queja y que dicho planteo fue rechazado debido a deficiencias formales en su presentación. En ese marco, afirmó que existen numerosos aspectos del Poder Judicial que pueden ser objeto de debate y crítica, aunque consideró que el tratamiento dado a esta causa no forma parte de ellos.
El magistrado también reconoció el impacto institucional que representa la condena de un ex jefe de Estado. Según expresó, el encarcelamiento de un ex presidente constituye una situación traumática para cualquier país, independientemente de las razones jurídicas que la motiven, debido a las implicancias políticas e institucionales que genera.
Las declaraciones de Lorenzetti se produjeron en un contexto de fuerte movilización del kirchnerismo. Días atrás, dirigentes y militantes realizaron un acto en Parque Lezama para reclamar la liberación de Cristina Kirchner y denunciar una supuesta persecución judicial. Durante ese encuentro, el diputado nacional Máximo Kirchner sostuvo que la ex presidenta continúa siendo la principal referencia política del espacio y cuestionó a sectores internos del peronismo por no respaldarla con mayor firmeza.
Sin embargo, dentro del propio peronismo también existen voces que consideran agotadas las posibilidades judiciales para revertir la condena. Entre ellas se encuentra la senadora jujeña Carolina Moisés, quien sostuvo públicamente que la situación judicial de la ex mandataria es irreversible y que plantear una eventual candidatura presidencial basada en una futura liberación carece de realismo político.
Más allá del caso Vialidad, Lorenzetti aprovechó la oportunidad para plantear la necesidad de avanzar en una profunda reforma del sistema de selección de jueces. El magistrado expresó preocupación por la creciente influencia de intereses políticos en los concursos destinados a cubrir vacantes judiciales y cuestionó los mecanismos informales mediante los cuales algunos candidatos buscan respaldos o padrinazgos para acceder a los cargos.
Según explicó, el principio rector de cualquier concurso debe ser el mérito profesional y académico de los postulantes. En su visión, la ciudadanía necesita jueces independientes e imparciales, capaces de ejercer sus funciones sin condicionamientos políticos ni compromisos previos con sectores de poder.
En ese marco, recordó la presentación realizada junto al juez Carlos Rosenkrantz de un nuevo proyecto de reglamento para la selección de magistrados. La iniciativa propone modernizar los concursos mediante la incorporación de herramientas tecnológicas, mecanismos de evaluación automatizados y sistemas que garanticen la trazabilidad y transparencia de cada etapa del proceso.
Entre los principales cambios previstos se encuentra la implementación de exámenes con preguntas seleccionadas aleatoriamente de una base de datos amplia, correcciones automatizadas, procedimientos anónimos para los aspirantes e inscripción digital permanente. Además, se prevé la creación de legajos digitales individuales y entrevistas públicas para los candidatos con mejor desempeño.
La propuesta surge en un contexto marcado por la existencia de más de doscientas vacantes en la Justicia federal y busca fortalecer la confianza pública en los mecanismos de designación de magistrados. Diversas entidades vinculadas al ámbito jurídico y empresarial manifestaron su apoyo a la iniciativa, que actualmente se encuentra bajo análisis del Consejo de la Magistratura.
Para Lorenzetti, garantizar concursos transparentes y basados en el mérito constituye una condición indispensable para preservar la independencia judicial y fortalecer las instituciones democráticas, en un escenario donde la confianza pública en la Justicia continúa siendo uno de los principales desafíos del sistema institucional argentino.