Guillermo Bellingi, ex subdirector general de la Procuración General de la Nación durante la conducción de Alejandra Gils Carbó, fue encontrado sin vida este jueves en la localidad de Villa Elisa, partido de La Plata.
El cuerpo del hombre de 55 años yacía en la vía pública con una herida de arma blanca a la altura del pecho y fue hallado junto a su teléfono celular, billetera, reloj personal y un cuchillo con su correspondiente vaina.
La principal línea investigativa de la policía apunta a un presunto suicidio, ya que no se observaron signos de defensa ni otras lesiones corporales, a la espera del resultado final de la autopsia.
El hallazgo se produce a escasos 20 días de que el exfuncionario prestara declaración en calidad de imputado en el juicio oral encabezado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 8. La causa investiga supuestos hechos de corrupción administrativa relacionados con la adquisición fraudulenta, en el año 2013, del inmueble ubicado en la calle Perón 667, edificio que pasó a funcionar como sede central de la Procuración tras ser vendido por la firma Arfinsa por más de 43 millones de pesos de la época.
De acuerdo con la instrucción procesal a cargo del juez Julián Ercolini y el dictamen acusatorio del fiscal Eduardo Taiano, Bellingi cumplió un rol determinante y decisivo en las maniobras fraudulentas del proceso licitatorio.
Las pericias señalan que facilitó información privilegiada a los ganadores antes de que la operación tomara estado público, articulando la operación en connivencia con su medio hermano Juan Carlos Thill, quien ofició como intermediario de la parte vendedora y cobró una comisión de tres millones de pesos.
A raíz del avance judicial y de las irregularidades detectadas en la licitación, Bellingi había sido apartado formalmente de su cargo técnico a través de un sumario administrativo impulsado durante la gestión de Gils Carbó.
Tras solicitar su reincorporación en 2017 para continuar percibiendo sus haberes, el organismo dispuso su traslado a tareas auxiliares en la biblioteca de la institución, revocándole el acceso a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) donde se desempeñaba originalmente.