<h2 class="com-subhead --bajada --m-xs-">La Cámara en lo Penal Económico le sacó la causa de la mansión al juez González Charvay, que la tuvo seis meses sin avanzar sobre Tapia y Toviggino, los jefes de la asociación</h2> <div class="mod-date-container flex flex-column gap-8 mb-16 text-neutral-light-600 jc-between flex-row_sm ai-center_sm">

Te dejo el texto reescrito, con una redacción diferente, más periodística y fluida, eliminando todas las referencias al medio original y sin subtítulos:

Al menos doce jueces y seis fiscales intervinieron durante los últimos seis meses en una trama judicial marcada por disputas de competencia, cambios de jurisdicción y estrategias procesales que terminaron demorando el avance de la investigación vinculada a la denominada causa de la mansión de Pilar. Según distintas fuentes vinculadas al expediente, la defensa de la Asociación del Fútbol Argentino impulsó una serie de movimientos destinados a concentrar la investigación en un juzgado considerado favorable, donde no se registraron avances sustanciales respecto de las responsabilidades atribuidas a Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

Durante ese período, la causa fue incorporando otros expedientes relacionados, convirtiéndose en un proceso de gran complejidad que absorbió investigaciones paralelas y generó una extensa demora en la definición de medidas concretas. Para algunos de los actores que siguieron el caso desde sus inicios, la estrategia logró postergar decisiones clave en un momento particularmente sensible para la conducción de la AFA.

A pocas horas del inicio del Mundial, la situación dio un giro cuando un tribunal resolvió que la investigación debía regresar al fuero Penal Económico. Los magistrados dispusieron que el traslado del expediente se realizara de manera urgente y determinaron que la nueva responsable de la causa fuera la jueza María Verónica Straccia.

La disputa judicial se remonta a fines de diciembre, cuando comenzaron las actuaciones relacionadas con presuntas maniobras financieras vinculadas a fondos de la AFA en el exterior. En ese contexto, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, solicitó apartar de la investigación al juez Marcelo Aguinsky, quien ya había impulsado diversas medidas probatorias. Para entonces, incluso, se había concretado un allanamiento en la propiedad investigada.

La decisión avanzó pese a la postura contraria de sectores del Ministerio Público Fiscal. Posteriormente, la revisión de la cuestión de competencia quedó en manos de la Cámara Federal de San Martín, que terminó avalando el traslado del expediente a Campana.

A partir de allí, González Charvay incorporó a su juzgado otras investigaciones que mantenían puntos de contacto con la causa principal. Entre ellas se encontraba un expediente en el que se habían secuestrado contratos celebrados entre la AFA y la empresa TourProdEnter, documentación considerada relevante para analizar la administración de recursos obtenidos en el exterior.

También quedó bajo su órbita una investigación originada en Santiago del Estero, donde el fiscal Pedro Simón había impulsado medidas vinculadas a Tapia y Toviggino y había profundizado el análisis sobre distintas sociedades relacionadas con dirigentes de la entidad.

No obstante, la acumulación de expedientes no fue total. Una causa tramitada en el fuero penal ordinario continuó su curso de manera independiente y conservó documentación remitida desde Estados Unidos. Ese material incluye miles de páginas con registros de operaciones financieras y transferencias internacionales que son objeto de análisis judicial.

Mientras tanto, la investigación principal avanzó lentamente. Durante esos seis meses se ordenaron peritajes contables y otras medidas técnicas, aunque no se produjeron imputaciones ni decisiones procesales relevantes respecto de los principales dirigentes involucrados. En cambio, sí se resolvió dejar sin efecto como elemento de prueba un dispositivo de almacenamiento que contenía información extraída del teléfono celular de Juan Pablo Beacon, excolaborador cercano de Toviggino. Del análisis de ese material habían surgido conversaciones, documentos y registros audiovisuales que habían despertado interés dentro de la investigación.

La decisión de apartar a González Charvay estuvo acompañada por fuertes observaciones de la Cámara en lo Penal Económico. Los jueces señalaron que, hasta el momento, no existían avances significativos en relación con la situación procesal de los investigados ni medidas que reflejaran un progreso sustancial de la causa.

La resolución también hizo referencia a la cuestión de la competencia territorial. Los camaristas consideraron que el elemento central para determinar qué juzgado debía intervenir no era la ubicación física de la propiedad investigada, sino el lugar donde presuntamente se habrían desarrollado las maniobras vinculadas con su adquisición. En ese sentido, destacaron que la sociedad señalada como propietaria tiene domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y que allí se realizaron actuaciones relevantes relacionadas con el inmueble.

Tras ser notificado de la decisión, González Charvay quedó obligado a remitir el expediente completo y toda la documentación anexada al nuevo juzgado. Mientras tanto, las defensas continúan impulsando recursos ante instancias superiores en un intento por revertir la resolución.

La llegada de la causa al juzgado de María Verónica Straccia abre una nueva etapa para la investigación. Entre los interrogantes pendientes figura si la magistrada mantendrá el control directo del expediente o delegará la instrucción en el fiscal interviniente. También resta definir qué ocurrirá con las investigaciones que habían sido acumuladas durante los últimos meses y si algunas de ellas retomarán su trámite por separado.

A pesar del cambio de rumbo, algunos observadores del proceso consideran que la prolongada demora provocó consecuencias difíciles de revertir. Sostienen que el paso del tiempo puede haber afectado la obtención y preservación de determinadas evidencias, especialmente aquellas vinculadas con dispositivos electrónicos y comunicaciones digitales. Sin embargo, destacan que la documentación bancaria obtenida en Estados Unidos permanece incorporada al expediente y constituye una de las principales fuentes de prueba disponibles.

En el ámbito judicial, distintas fuentes resaltan los antecedentes profesionales de Straccia y consideran que su llegada podría imprimir una nueva dinámica al expediente. No obstante, también advierten sobre la carga de trabajo que enfrenta actualmente la magistrada, quien además tiene a su cargo otro juzgado hasta fin de año.

La causa ingresa así en una nueva etapa, marcada por el cambio de jurisdicción y por la expectativa sobre las decisiones que adoptará la nueva conducción judicial de una investigación que continúa generando repercusiones dentro y fuera del ámbito del fútbol argentino.

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